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La delegada para los Derechos Humanos, Bärbel Kofler, acerca de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú el 22 de abril de 2021
Bärbel Kofler, © Picture Alliance
Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, la delegada del Gobierno Federal para la Política de Derechos Humanos y la Ayuda Humanitaria, Dra. Bärbel Kofler, declaró el 22 de abril:
Felicito a los países de América Latina y el Caribe por la entrada en vigor de su primer acuerdo regional en asuntos ambientales el día 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra. Se trata del primer instrumento jurídicamente vinculante del mundo para proteger a los defensores de los derechos humanos en el ámbito del medio ambiente.
Con su reconocimiento del derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano, el acuerdo representa un hito para un cambio real. Habida cuenta del gran número de activistas ambientales y de derechos humanos asesinados y del agravamiento de la crisis climática, el Acuerdo de Escazú es decisivo para la protección de los derechos humanos y ambientales.
Animo a los países especialmente activos en la extracción y exportación de materias primas, como Brasil, Chile, Perú y Venezuela, a que se adhieran cuanto antes al Acuerdo de Escazú.
Antecedentes:
Tras haber sido ratificado por doce países de América Latina y el Caribe, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales —también denominado Acuerdo de Escazú por haberse adoptado en la ciudad costarricense del mismo nombre— entra en vigor el 22 de abril.
El acuerdo se basa en el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medioambiente y el Desarrollo de 1992 y tiene por objeto garantizar la transparencia, la participación y el acceso a la justicia para la ciudadanía de los Estados miembros afectados por problemas ambientales.
El acuerdo se celebró en el marco de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y se basa en cuatro elementos esenciales: acceso a la información ambiental, derechos de participación, derechos de acceso a la justicia y mecanismos de protección para los activistas ambientales.
Con todo ello, el acuerdo va más allá que otros ya existentes, como el Convenio de Aarhus europeo, ya que, gracias a la concesión de derechos individuales, sienta las bases para evitar desde un principio conflictos socioecológicos.
De los 24 Estados signatarios, los 12 siguientes ya han ratificado el acuerdo: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guayana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay. Brasil y Perú han firmado el acuerdo, pero aún no lo han ratificado.